Por Carlos Pozos (Lord Molécula)
Martes, tres de agosto 2024
Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz han propuesto que se proceda con la destitución de ministros y otros servidores públicos que participen en el paro de actividades del Poder Judicial. Este llamado se produce tras la reciente decisión de ocho ministros de suspender labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en solidaridad con el paro generalizado que afecta a jueces y trabajadores del Poder Judicial.
En un comunicado conjunto, las tres ministras argumentaron que el artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que cualquier servidor público que abandone sus funciones incurre en responsabilidad. Aseguraron que el paro de labores no está contemplado ni en la Constitución ni en las leyes del país para los titulares de la SCJN.
Las ministras Batres, Esquivel y Ortiz recalcaron que la suspensión de labores contraviene el deber constitucional de impartir justicia de manera continua y puntual. Según su postura, el Código Penal Federal también penaliza la omisión en la prestación del servicio público y el cobro indebido de remuneraciones sin cumplir con las funciones asignadas.
El desacuerdo se acentuó durante una sesión privada del Pleno de la Corte, donde la votación a favor del paro fue de ocho votos contra tres. Las ministras disidentes propusieron la opción de continuar con las sesiones a distancia, dado que hay una acumulación considerable de proyectos y asuntos pendientes.
La SCJN, como máximo órgano del Poder Judicial, tiene el deber ineludible de garantizar el acceso a la justicia, según el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las ministras subrayaron que la suspensión de actividades contradice este principio fundamental y afecta el derecho de los ciudadanos a recibir justicia de manera oportuna.
¿Qué implicaciones tendrá esta propuesta para el futuro del Poder Judicial? ¿Cómo afectará la gestión de la SCJN?