Por Carlos Pozos (Lord Molécula)
Miércoles, siete de agosto 2024
Los jueces y magistrados de México están preparando una serie de acciones en respuesta a la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) propuesta por el Congreso de la Unión. Durante el Foro Nacional “Justicia Pronta y Expedita”, celebrado este miércoles, se discutieron tres estrategias principales: recurrir a instancias internacionales, convocar a un paro nacional y organizar “acciones de resistencia”.
El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, secretario de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), comentó que ya se están agotando todas las vías nacionales posibles para prevenir los cambios propuestos en la reforma. En caso de no lograr resultados en el ámbito nacional, el siguiente paso sería acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, si es necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Muñoz Alvarado señaló que las opciones en la mesa son limitadas: “La primera opción es agotar todos los recursos en sede nacional e internacional; la segunda, considerar un paro nacional que, aunque parece inminente, se desarrolla en el ámbito político más que en el jurídico; y la tercera, que incluye tanto el paro como la resistencia activa”.
Previamente, Ricardo Amezcua Galán, consejero de la Judicatura del Poder Judicial de la CDMX, advirtió que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría costar más de 20 mil millones de pesos en indemnizaciones y elecciones para reemplazar a más de 700 jueces y magistrados federales.
La magistrada Emilia Molina de la Puente expresó su preocupación de que la reforma, que propone la elección popular de jueces y magistrados, podría desperdiciar la experiencia de aproximadamente 7 mil juzgadores federales y locales.
César Astudillo, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, calificó la reforma como “la antesala de un error histórico”, comparando la situación con la experiencia negativa de Bolivia, que está intentando revertir reformas judiciales similares.
El presidente de la ANDD, Elias Huerta Psihas, también criticó la reforma, describiéndola como incompleta y potencialmente dañina para el acceso a la justicia en México. No obstante, apoyó la idea de cambiar el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar el nombramiento directo por parte del Ejecutivo y separar la presidencia de la Corte de la presidencia del Pleno de la Judicatura.
Los jueces y magistrados del país están decididos a defender la independencia judicial y garantizar que cualquier reforma fortalezca, en lugar de debilitar, el sistema judicial mexicano.